jueves, 13 de marzo de 2014

¿Por qué no sacan nuevas plazas ni se convoca el examen para traductor jurado desde hace tanto tiempo?

Reglamento Europeo nº 1024/2012

Si bien nadie conoce exactamente la respuesta, no parece difícil sacar conclusiones si nos atenemos a la proposición no de ley del gobierno para introducir la nueva modificación aprobada del Reglamento Europeo n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. No, no voy a describir punto por punto lo que dice el reglamento, ya que un compañero lo ha hecho con la precisión de cirujano, sino que lo resumiré y explicaré rápidamente los temores fundados que tenemos muchos traductores jurados.


Posibles razones para no convocar el examen de traductor jurado


Tanto dicha proposición, cuyo origen no es otro que Europa, como el reglamento que la regulará en España, siguen el camino trazado por otras leyes que afectan otros sectores, como la polémica proposición de Ley de Gallardón para la privatización del Registro Civil, por la que el Colegio de Registradores, tras abonar 300 millones de euros, pasará a controlar y cobrar por trámites otrora gratuitos. Curiosamente, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como su hermano Enrique, son Registradores de la Propiedad (vemos que se abre un nuevo frente a las salidas laborales luego de ser político, ya que antes se iban a las eléctricas, y ahora se van al Colegio de Registradores). Ahora conectemos este hecho con el intento de externalización (eufemismo electoral de privatización) de la gestión de la sanidad en Madrid, con la implícita reducción de funcionarios de la administración pública (sobre todo de la educación), utilización de parados para realizar trabajos para los que antes se contrataba formalmente a personas, y como colofón, lo unimos a la experiencia que tenemos de las licitaciones de la administración para la gestión de la interpretación en la justicia. Es la receta perfecta para que una empresa amiga (según el gobierno de turno) acabe encargándose, a precio de risa, de gestionar el registro de traductores e intérpretes autorizados para actuar ante los juzgados españoles y que destierre para siempre a los molestos traductores jurados, un colectivo atacado previamente en el acceso a la interpretación en los tribunales, y que ahora se enfrenta a este nuevo desafío lanzado por políticos que poco o nada conocen de la realidad. Eso en cuanto a la interpretación en los juzgados, aunque la traducción jurada propiamente dicha no parece que vaya a ir por un camino muy distinto.

En palabras de Viviane Reding, las traducciones juradas suponen un coste excesivo para los ciudadanos. Es cierto que las traducciones suponen un coste, por lo que la propuesta europea pretende exigir la aceptación de traducciones no juradas. Parece que esta señora no se ha parado a pensar lo que ofrecen a cambio nuestras traducciones, cuyo precio no me resulta en absoluto excesivo (al menos los directos, sin intermediarios de agencia). Los traductores jurados ofrecemos una garantía sólida sobre documentos extranjeros para su tramitación en España o para documentos españoles en el exterior. Con la nueva regulación aupada por la Sra. Reding para aceptar CUALQUIER TRADUCCIÓN, sin jurar, sin certificar, hecha por cualquiera (ni siquiera por traductores titulados o con cualificación contrastable), para la documentación oficial, se abre la caja de Pandora. ¿Esto qué riesgos entraña? Pues los evidentes y ya muchas veces denunciados (en el ámbito de la interpretación judicial, por la Jueza Pilar de Luna Jiménez de Parga o más recientemente, el problema con la resolución de la licitación del servicio de interpretación y traducción para la Administración de Justicia en Galicia del pasado 13 de enero de 2014). Por ejemplo, si mañana un señor húngaro (es un ejemplo al azar) viene a España y trae una certificación de antecedentes penales con 10 antecedentes por robo y asesinato, puede ocurrírsele traducírsela él mismo y cambiarse los 10 antecedentes por robo y asesinato por 10 antecedentes por conducción ebria, lo cual hace una diferencia importante. ¿Tú entiendes húngaro? Yo no, así que vamos a suponer que los funcionarios que recibirán esta documentación en España tampoco. He puesto este ejemplo porque quizás inglés o francés sean más fáciles de entender, pero aún así los españoles no son conocidos mundialmente por su increíble control de los idiomas extranjeros (o nacionales). Europa se saca un as de la manga añadiendo que si los funcionarios tienen dudas o no están seguros, podrán pedir que se haga una traducción jurada de dicha documentación. Lo lógico debería ser que los funcionarios exijan siempre una traducción jurada, para lavarse las manos y desvincularse de estos riesgos, pero ahora nada impedirá a las empresas amigas ofrecer cualquier certificación propia, accediendo así a un mercado en el que, como siempre, tres o cuatro tiburones controlen el negocio y esclavicen a traductores con tarifas infumables. El cliente puede pensar que esta indirecta bajada de precio será beneficiosa para su bolsillo, pero no es así, ya que si el trabajo lo realiza una persona sin cualificación, finalmente tendrá que recurrir a un profesional para enmendar el mal ya hecho y acabará gastando el doble, además de que posiblemente perderá valioso tiempo al no aceptarse su documentación en las instituciones.

Si crees que es caro contratar a un profesional, espera a contratar a un aficionado.

O sea, que con estos nuevos cambios, yo podría traducirme mi título de Licenciado en Traducción e Interpretación y poner que soy, no sé, Ingeniero Aeroespacial, e irme a trabajar a la ESA en Francia. O mejor aún, que soy Licenciado en Derecho, hacerme político en otro país europeo, y luego me retiro como Registrador de la Propiedad en España, que es un chollo.


Los traductores jurados debemos estar unidos frente a este atropello. No está mal facilitar algunos documentos ya traducidos, ya que es la administración la principal culpable de que suponga un coste (las Apostillas de La Haya vienen en tres idiomas, sí, pero el CONTENIDO de las mismas no viene traducido, y los principales documentos como partidas literales de nacimiento, defunción, matrimonio, certificado de penales, solo vienen en español y algunos en lenguas cooficiales). Las distintas instituciones del Estado nunca se han preocupado de traducir esta documentación y ahora pretenden regalar a empresas afines o personas sin cualificación una tarea tan importante como la del control del texto de los documentos extranjeros. Debemos denunciar por todos los medios posibles estos hechos para que la gente sepa la que se está cociendo. Lo hicieron con otros colectivos antes, lo están haciendo con los funcionarios, y tarde o temprano seguirán ampliando su radio de acción hasta afectar a todos los sectores.